miércoles 14 de marzo de 2012
La agresión sufrida por Daniel Zamudio ha remecido las conciencias de los chilenos y chilenas. El estigma social se hizo carne en su cuerpo. Por esta razón hoy consideramos aún más urgente la existencia de políticas públicas que combatan la discriminación y afiancen la diversidad.
El proyecto de ley que establece medidas en contra de la discriminación es una de estas políticas. En él se considera un procedimiento judicial que permitiría a las víctimas demandar a la persona o institución que las discrimina arbitrariamente, junto a una agravante penal en delitos perpetrados con motivos discriminatorios, como el que afectó a Daniel Zamudio.
El texto aprobado por la Cámara Alta -en segundo trámite legislativo- requiere de ciertas modificaciones para que se convierta en una ley efectiva. En primer término, es necesario eliminar una serie de resguardos impuestos por grupos conservadores, cuyo fin es restringir el campo de aplicación de la ley. El más insidioso de estos resguardos es aquel que pone el derecho a la igualdad y a la no discriminación por debajo de los demás derechos fundamentales. En el ámbito privado, los casos de esta naturaleza casi siempre implican una colisión entre el derecho a la igualdad y algún otro derecho fundamental. Por lo tanto, es preciso dejar en manos del juez la ponderación de cada uno. Basado en la creciente jurisprudencia, él o ella podrá determinar si se trató de una distinción razonable o de una discriminación arbitraria.
En segundo término, se debe considerar la categoría de identidad de género -que responde principalmente a transexuales-, en la agravante penal. Así se protegerá de mejor manera a un sector de la población que es objeto de la mayor cantidad de ataques por parte de grupos violentos.
Ahora bien, aun considerando la incorporación de estos cambios, el efecto educativo y disuasorio de esta ley no será suficiente para desvirtuar la índole discriminatoria de nuestra convivencia social.
Por esta razón, las organizaciones de la diversidad pedimos que la ley señale que el Estado se obliga a desarrollar políticas públicas orientadas a prevenir y atenuar toda forma de discriminación, tal como se aprobó en la Cámara de Diputados en primer trámite legislativo. Estas políticas deben abarcar todos los campos en que el Estado se involucra, partiendo por la difusión y la educación. Debemos educar a nuestros niños en la riqueza que brinda la diversidad, y no en el temor ni menos en el odio a ella. Y debemos implementar programas en las áreas de salud, trabajo, vivienda, justicia, desarrollo social, defensa y un extenso etcétera que habrá de alcanzar hasta el último servicio público.
Para dar una señal simbólica de la voluntad de conformar una sociedad libre e inclusiva, las organizaciones de la sociedad civil, con el patrocinio parlamentario, propusimos que se instituyera el 16 de noviembre como el Día Nacional de la Diversidad. Este día corresponde al Día Internacional para la Tolerancia, instaurado por la Asamblea General de la ONU en 1996.
Cada año, este día estimulará a las familias, instituciones educacionales, empresas, organismos y toda clase de agrupaciones a realizar una reflexión acerca del valor de la diversidad. También permitirá que las organizaciones civiles que abogan por la diversidad religiosa, étnica, sexual, de género, de pensamiento y tantas otras, celebren los logros alcanzados en la construcción de un país más igualitario. Pero sobre todo, este día significará una renovación anual del compromiso del Estado con la diversidad, entendida como la mejor y más inmediata consecuencia de la voluntad libertaria de nuestro pueblo y como una fuente vigorosa de paz, riqueza social y desarrollo futuro.
Pablo Simonetti
Presidente de Fundación =Iguales