La Ley N° 20.609, que Establece medidas contra la discriminación, entró en vigencia el 24 de julio de 2012, marcando un hito: promocionada como una herramienta fundamental para acabar con la discriminación en Chile, en realidad no es más que un tímido comienzo, en respuesta a todo un movimiento social decidido a acabar con los abusos cometidos contra las personas que, por diversos motivos, son socialmente maltratadas.

Si bien el proyecto de ley ingresó al Congreso Nacional en marzo de 2005, su discusión se activa recién el año 2011, no exenta de polémicas. Solo el 3 de abril de 2012 el actual gobierno de Sebastián Piñera le pondría suma urgencia, tras la consternación que provoca el brutal ataque que termina quitándole la vida a un joven de 24 años, supuestamente motivado por su orientación sexual, en un caso cuyo proceso penal aún no concluye.

Resulta difícil hacer hoy un balance sobre la aplicación efectiva de la ley. A la fecha, no existe mayor información sobre la cantidad de acciones judiciales iniciadas, ni de sus resultados, más allá de lo que pueda conocerse a través de la prensa, que solo da cuenta de los casos más bullados. No existe un sistema de registro que permita contabilizar cuántas acciones civiles derivadas de esta ley se han presentado, ni tampoco si existen causas penales en que se haya invocado la agravante que establece.

No hay duda que su sola promulgación marca un giro en la forma como hasta entonces se habían tratado en Chile los casos de discriminación: solapadamente, con desconfianza, restándole importancia a la evidencia, cada día más palpable, de que algunas personas sufren, día a día, un menoscabo en sus derechos, cada vez que otra, sin motivos razonables, la excluye, maltrata o denigra “por ser como es”. El mensaje que nos entrega la sociedad a través de esta ley, es clave: toda persona debe ser tratada con respeto, sin importar sus circunstancias personales.

Sin embargo, cuando decimos que es el principio, es porque también hay mucho pendiente. Cuando el 12 de julio de 2012 el Presidente Piñera, en el acto de promulgación de esta ley, recordó a ese joven Daniel, cuya muerte conmemoramos hoy, dijo que su muerte no sería en vano. Hoy, junto con recordar a Daniel, también recordamos que esta ley antidiscriminación, sin un organismo especialmente dedicado a fiscalizar su cumplimiento, a proteger y orientar a las víctimas, y sin políticas públicas enfocadas en educar a todas las personas en el respeto hacia sí mismos y a los demás, no evita que hoy o mañana existan otros Daniel.

Si tuviésemos que dar una impresión general del Chile bajo la vigencia de la ley antidiscriminación, deberíamos decir que tenemos sentimientos encontrados. El avance social es enorme, en el sentido de que las personas hoy son conscientes de que existe un marco mínimo de derechos que no pueden pasarse a llevar; pero, al mismo tiempo, no podemos ignorar que unas cuantas hojas de papel no son suficientes para prevenir y sancionar eficazmente la discriminación, porque el verdadero motivo por el que es necesaria una ley es, precisamente, que los Daniel, las Sandy y las Valeska siguen existiendo. Y eso no lo podemos olvidar.

 

Marcela Ruiz

Coordinadora Comisión de Legislación

Fundación =Iguales

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