Con 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones, los Estados miembros del Consejo de DDHH de Naciones Unidas aprobaron la resolución sobre orientación sexual e identidad de género, liderada y presentada por Chile ante el organismo internacional.
La votación – que se realizó en Ginebra durante la mañana de este viernes, hora chilena- estuvo marcada por el apoyo cerrado de los países de América Latina y Europa presentes, mientras que el rechazo se centró en el sufragio de los países africanos, especialmente de cultura islámica. Las abstenciones más relevantes fueron las de China e India.
Durante la sesión, los países miembros rechazaron las siete enmiendas presentadas por los Estados islámicos y que buscaban cambiar el sentido de la resolución, con una declaración general sobre la no discriminación sin foco en la diversidad sexual.
La aprobación de la resolución SOGI (por sus siglas en inglés) es histórica, pues es un claro avance en materia de protección de los derechos de las personas LGBTI alrededor del mundo, desde la perspectiva de los derechos humanos, y de la que el Consejo no se pronunciaba desde 2011. Además, se trata – a manos de la embajadora Marta Maurás- de un importante logro diplomático chileno, tratándose del primer pronunciamiento y propuesta del país sobre este asunto a nivel internacional.
Además, es un triunfo para la sociedad civil nacional, cuya participación fue crucial para que Chile decidiera llevar adelante la resolución. En efecto, organizaciones como Fundación Iguales y activistas como Andrés Rivera han mantenido permanente comunicación con las autoridades nacionales y la embajadora Maurás antes y durante las sesiones del Consejo.
La resolución SOGI entrega recomendaciones –no vinculantes, pero sí orientadoras- a los países miembros para actuar en contra de las vulneraciones de las que son víctimas las personas de la diversidad sexual y solicita a la ONU un monitoreo permanente de la situación, emanando reportes cada dos años. El informe, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH, incluye una actualización sobre las leyes y prácticas discriminatorias de los países.