Después de 15 meses desde la última vez que estuvo en tabla, este miércoles la comisión de Constitución del Senado volverá a analizar el proyecto de ley de matrimonio igualitario que presentó la Expresidenta Michelle Bachelet en agosto de 2017. Esta iniciativa, que viene a abrir el contrato de matrimonio para todas las parejas que quieren formar una familia bajo sus reglas, es la primera iniciativa integral sobre el asunto, y está basado en el anteproyecto que Fundación Iguales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile elaboramos en 2016.
Pero, ¿por qué es importante legislar sobre matrimonio igualitario?
En primer lugar, porque es un derecho humano. Así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva N°24 de 2017, la que señaló que los Estados sometidos a su jurisdicción deben garantizar el acceso a todas las figuras existentes, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Algo similar dijo hace semanas la Corte Suprema de Chile, al establecer en un fallo que toda persona que habita en nuestro país es titular del derecho a contraer matrimonio y fundar una familia; y que aunque dicho derecho no se encuentre literalmente contenido en la Constitución, existen derechos fundamentales que no necesariamente están declarados en ella, y entre esos, está el derecho a contraer matrimonio.
En segundo lugar, porque Chile quiere que haya matrimonio igualitario. Este proyecto cuenta con amplia mayoría ciudadana de acuerdo a las últimas encuestas de opinión que se conocieron durante el 2018, donde en todas ellas –Cadem, Bicentenario UC, CEP- se pudo observar que la mayoría de las personas aprueban una legislación en esta línea (alcanzando incluso el 65% de apoyo), como también que ese apoyo no ha dejado de crecer en el tiempo. Esa mayoría social hoy también se refleja en el Congreso, donde la mayoría de senadores y diputados apoyan la iniciativa.
Finalmente, es importante porque es una de las pocas discriminaciones que siguen vigentes en nuestro derecho de familia. Durante los 90 logramos terminar con las odiosas diferencias entre hijos naturales y legítimos; durante la primera década de este siglo logramos establecer el divorcio; y es de esperar que lo antes posible podamos terminar con la prohibición que tenemos las personas lesbianas, gays y bisexuales de casarnos con la persona que amamos. Por más evidente que resulte, es inaceptable que en pleno siglo XXI las instituciones y contratos de la ley civil de un Estado laico establezcan diferencias basadas en la orientación sexual de sus ciudadanos para acceder a ellas, y es por eso que requerimos poder avanzar, sin pausas, en la tramitación de un proyecto que es necesario, dignificante, y sobretodo, justo. Ese es el único camino para convertirnos en un país que, en su diversidad, entrega las mismas oportunidades para la mayor realización de todos quienes vivimos en él.
Juan Enrique Pi
Presidente Ejecutivo
Fundación Iguales
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