Señor director,
La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de su subsecretaria, Lorena Recabarren, ha decidido vaciar de contenido las obligaciones del Estado de Chile respecto al matrimonio igualitario. En primer lugar, defendió ante la Cámara de Diputados y ante la opinión pública que el Acuerdo de Solución Amistosa de Movilh y el Estado de Chile estaba completamente cumplido, ignorando la obligación que le asiste al Ejecutivo, como colegislador, de impulsar la iniciativa para que avance en su tramitación; y ahora, vacía de contenido la acción del Plan Nacional de Derechos Humanos, modificando el verbo rector de “promover” la tramitación del proyecto por un mero “monitorear”.
Esto, pese a la contundente opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un año, donde señaló que es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
Cabe entonces preguntarse, ¿por qué la Subsecretaría de Derechos Humanos está esmerada en frenar el matrimonio igualitario? La subsecretaria ha dicho que es de público conocimiento que el proyecto no se encuentra en el programa del Presidente Piñera, dando a entender que su servicio se preocupará solo de los Derechos Humanos que se le antoja al gobierno, y no de ellos como una concepción indivisible e inalienable de las personas en cuanto tales. Al parecer, durante los próximos años deberemos llamar a esta institución como “Subsecretaría de algunos Derechos Humanos”.
Juan Enrique Pi
Presidente ejecutivo Fundación Iguales
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