El presidente electo, Sebastián Piñera, luego del triunfo de Una mujer fantástica en los premios Oscar, señaló esta semana que es partidario de la Ley de Identidad de Género, y que durante su Gobierno –que comienza este domingo– impulsará su tramitación.

Esto es –en parte– una buena noticia, por cuanto recibirá el proyecto de ley en Comisión Mixta, es decir, a un solo paso de ser despachado por el Congreso, por lo que requerirá del mínimo esfuerzo legislativo y de la mínima voluntad política de su nuevo Gobierno para que sea definitivamente aprobado por el Legislativo. Sin embargo, nos preocupan los aspectos que en esa misma entrevista agregó el Mandatario electo respecto del proyecto de ley, los cuales no son indiferentes para las organizaciones de la sociedad civil ni para las personas trans.

En segundo lugar, el Mandatario electo rechazó la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley. En esto no tuvo matices: quedarían excluidos de la iniciativa. Esta posición reviste un desconocimiento importante sobre los derechos de los niños, como asimismo de las políticas públicas impulsadas en su propio Gobierno, en el cual se dictó una circular del Ministerio de Salud (2012) que señalaba que la identidad de género se configuraba, generalmente, en la primera infancia. También omite un dato importante y gravísimo: nuestro país es el segundo de la OECD en la tasa de suicidio adolescente, y datos del INE señalan que al año 2020 se suicidará un niño, una niña o adolescente al día. En este sentido, las organizaciones estamos disponibles para discutir el mecanismo en que niños, niñas y adolescentes se incorporen, pero excluirlos a toda costa es desconfiar de ellos y de sus familias, dándoles definitivamente la espalda.

En primer lugar, el Presidente electo se refirió a la identidad de género de las personas trans como “disforia de género”, lo que constituye una patologización de sus identidades. Esto no es baladí, por cuanto considerar que una persona trans sufre algún tipo de trastorno puede significar incluir en el proyecto de ley la solicitud de exámenes psicológicos o psiquiátricos para el ejercicio de este derecho, lo que a todas luces es indigno e innecesario. Indigno, pues significaría no considerar la identidad de género como una vivencia interna; e innecesario, porque no existen casos similares en nuestro ordenamiento jurídico en que se solicite este tipo de exámenes para ejecutar actos voluntarios.

Las políticas públicas, así como los proyectos de ley que se proponen al país, deben tener un análisis de la realidad, y no pueden estar basados en prejuicios o en impresiones personales, sino en las situaciones reales y evidenciadas que viven los grupos discriminados. Omitir la evidencia y la experiencia de quienes sufren la discriminación, y de sus familias, será el motivo de leyes que ignoren a quienes más las necesitan y que son más vulnerables. Que no quepa duda que nos alegramos de que el Presidente electo ahora apoye el proyecto de ley de Identidad de Género, pero no cualquier proyecto, sino uno que devuelva la dignidad y efectivamente proteja a las personas trans, con quienes nuestra sociedad tiene una deuda de muchos años.

Juan Enrique Pi,

presidente ejecutivo de Iguales.

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