Sr Director,
Los recientes datos de la encuesta Discriminación y violencia contra la mujer del Instituto Igualdad resultan francamente alarmantes: un 40% de las mujeres encuestadas y el 56% de los hombres considera que la violencia hacia las mujeres se ha mantenido o ha disminuido. Lo cierto es que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de femicidios ha aumentado en un 66%.
La gravedad de esto tiene varios matices. Primero, está la total incompetencia del Estado como garante de los Derechos Humanos de las mujeres. Aunque sabemos que los esfuerzos no han sido pocos, basta mirar los números para saber que han sido insuficientes: la cantidad anual de mujeres asesinadas en manos de maridos o convivientes es estable con una tendencia leve al aumento entre 2014 y 2018.
No es la intención reducir las vidas humanas a números, sino dar cuenta de los resultados más críticos del machismo local en el lenguaje de las políticas públicas. ¿Por qué así? Porque el tema se instaló en toda su extensión durante el 2018 por el movimiento feminista y no parece haber calado con la profundidad necesaria para evitar que a las mujeres nos sigan asesinando.
No es aceptable que la violencia hacia la mujer se tome con menos seriedad y persistencia política con la que se toma la percepción de aumento de inseguridad por otros crímenes y delitos.
Para terminar con los femicidios y con los ataques permanentes hacia la diversidad sexual y de género, este Gobierno debe escuchar a la ciudadanía organizada y avanzar de una vez, y decididamente hacia una educación no sexista e inclusiva de las diversas identidades sexuales, al mismo tiempo que fortalece la educación cívica y los sistemas de apoyo a las víctimas.
Isabel Amor
Directora de Educación
Fundación Iguales
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