El 2 de julio nos enteramos con estupor de un nuevo y brutal ataque a una mujer trans en Talca. Marcela Sierra, quien ejercía el comercio sexual fue golpeada por un sujeto con un bate.
No se trata de un hecho aislado. Tal como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es parte de los numerosos casos de violencia contra las personas trans, especialmente en mujeres trans en América Latina, población cuya esperanza de vida no supera los 35 años.
Esta violencia y discriminación se inicia a temprana edad, pues las personas trans generalmente son expulsadas de sus hogares y de establecimientos educacionales, debido a prejuicios, falta de información y del reconocimiento a su identidad de género, por no poder contar con un carnet de identidad que refleje quienes son.
Lo anterior limita el ejercicio de derechos fundamentales como educación y trabajo, presionando a las mujeres trans a trabajar en el comercio sexual para sobrevivir y verse expuestas a la violencia, tal como le ocurrió a Marcela.
La demora en la tramitación del proyecto de ley de identidad de género atenta contra la integridad de estas personas. El pasado 6 de julio, apenas se revisaron 6 de las 105 indicaciones presentadas, a pesar de la decisión del Ejecutivo para acelerar la discusión. A esta falta de voluntad, se suma la reactivación de debates ya resueltos, como el de la definición del concepto de identidad de género.
La postergación de garantías básicas para las personas trans, no hace más que perpetuar una realidad de violencia y discriminación de la que, por años, hemos debido lamentar sus mortales consecuencias.
Jimena Lizama.
Directora Jurídica.
Fundación Iguales.