Por Andrés Soffia Vega, Director Ejecutivo de Fundación Iguales
La denuncia realizada por Jonathan Sanhueza el pasado 29 de noviembre en CIPER ha causado gran revuelo. La idea de que en pleno siglo XXI, y luego de que el Congreso Nacional promulgara una ley antidiscriminación, el Comando de Bienestar del Ejército de Chile despidiera a un funcionario, de diez años de antigüedad y con buenas calificaciones, solo por el hecho de ser homosexual y encontrarse enfermo, ha generado todo tipo de comentarios y ha sacado a la luz pública una serie de documentos hasta ahora desconocidos para el público.
Entre ellos, llama particularmente la atención un instructivo del 23 de marzo de 2006, que entrega “Disposiciones sobre canalización de información ante situaciones anormales que afecten la seguridad militar” firmada por el jefe de la sección de operaciones del Museo Histórico y Militar, el Coronel(R) Juan Pablo Deichler Ramírez. Anexo a este documento, se entrega un listado de las situaciones que deben informarse, y en el número 20 del anexo aparece el “homosexualismo y lesbianismo”, junto con otras conductas, como los abusos deshonestos o las riñas, y hechos como la pérdida de armas o vestimenta militar. Dicha mención nos parece realmente lamentable, que da muestra de un profundo desconocimiento de la dignidad de las personas.
En el documento citado se alude a la diversidad sexual como una característica que, a pesar de pertenecer a la esfera privada de las personas, resulta prohibida para aquellos que realizan una determinada función pública. Es ciertamente reprobable que, en un ambiente laboral, se hagan alusiones que entreguen una visión acerca de cómo deben las personas desarrollar su vida privada, más aun tratándose de una institución del Estado, que debe ceñirse incluso más estrictamente al orden legal y constitucional vigente, que obliga a considerar a todas las personas como iguales y a establecer parámetros racionales y objetivos bajo los cuales justificar excepciones a dicha igualdad.
Con independencia de lo que decidan los Tribunales de Justicia respecto a la denuncia realizada por Jonathan, lamentamos que, una vez más, el Ejército de Chile esté sujeto a este tipo de cuestionamientos, que ponen en duda su compromiso con Chile y los derechos humanos de sus habitantes. Alegar el desconocimiento de los hechos no puede ser una excusa para no asumir la responsabilidad que corresponde en prevenir, reparar a las víctimas y sancionar a quienes incurren en acciones u omisiones de quienes, por desconocimiento o convicciones personales, acarrean un grave perjuicio para la institucionalidad chilena.