Tras las gestiones realizadas por Fundación Iguales, senadores oficialistas acordaron que la libertad de enseñanza no podrá ser fundamento para discriminaciones en establecimientos educacionales, en el contexto de la Reforma Educacional.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, las comisiones unidas de Educación y Hacienda del Senado aprobaron la tarde de este miércoles la indicación acordada por los senadores de la Nueva Mayoría que da preponderancia a la no discriminación por sobre la libertad de enseñanza, extendiendo la aplicación de la “ley Zamudio” en el sistema escolar.
Las gestiones realizadas por Fundación Iguales con los senadores DC Andrés Zaldívar e Ignacio Walker y los PS Fulvio Rossi y Carlos Montes, además de representantes de MINEDUC y SEGPRES, permitieron llegar a una redacción de consenso de la modificación, luego de la polémica suscitada por la indicación –presentada por los senadores DC- que limitaba la aplicación de la ley antidiscriminación, dentro de las discusiones del proyecto de ley que regula el lucro, selección y copago en la educación primaria y secundaria.
Las conversaciones se iniciaron luego de que el diputado Giorgio Jackson advirtiera al presidente de Fundación Iguales, Luis Larraín, que el criterio antidiscriminatorio aprobado en el primer trámite legislativo corría peligro. Ello causó preocupación ya que permitiría, por ejemplo, que un colegio pueda negarle la matrícula a un niño/a transexual solo porque contradice lo establecido por su proyecto educativo.
La redacción aprobada esta tarde establece que “los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria en el ámbito educacional” podrán invocar la ley antidiscriminación, sin considerar “razonables las distinciones, exclusiones u restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, que establece el principio de libertad de enseñanza.
“Nos alegra saber que haya primado la coherencia en el debate. Una reforma educacional que no considere la exclusión de toda forma de discriminación arbitraria atentaría contra el acceso igualitario a garantías básicas que tanto ha costado instalar. No tiene sentido que luego de haber obtenido una ley que prohíbe discriminar, estuviéramos aprobando una Reforma Educacional que legitime mecanismos para continuar discriminando”, señaló Larraín.