Columna de Luis Larraín – Presidente de Fundación Iguales
Solo restan unos pasos más en el Congreso para que el proyecto de Pacto de Unión Civil (PUC), anteriormente conocido como Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), se convierta en ley de la República. Esto, luego de que esta semana la Cámara de Diputados aprobara, en su segundo trámite, un proyecto robusto, perfeccionado y basado en un fuerte espíritu familiar.
Se trata de un significativo avance en el reconocimiento de miles de parejas que, hasta ahora, se han visto marginadas de todo tipo de protección y resguardo a sus garantías básicas. Con el aporte decisivo de Fundación Iguales y otras organizaciones de la diversidad sexual, el proyecto transitó de la mera regulación patrimonial de la redacción original a una iniciativa integral que vela por el cuidado de la diversidad de familias, en atención a los derechos humanos y el interés superior del niño, niña y adolescente.
El PUC se convierte en una institución moderna que regula los efectos jurídicos derivados de la vida afectiva en común, estable y permanente de dos personas, superando las barreras de orientación sexual y de género, pues, a diferencia del matrimonio, estará disponible para parejas del mismo y distinto sexo y sin roles basados en construcciones culturales.
Se constituye como un marco jurídico que entrega trascendencia al vínculo, permitiendo su celebración ante un juez del Registro Civil y modificando el estado civil de quienes lo suscriban. Reafirmando su sello familiar, los asuntos y causas que se deriven de un PUC serán competencia de los Tribunales de Familia y, mientras la unión siga vigente, entregará parentesco por afinidad a los/as familiares de los/as contrayentes.
Asimismo, entrega soluciones a las demandas de previsión, seguridad social y sucesión y avanza en el reconocimiento de los matrimonios celebrados por personas del mismo sexo en el extranjero, quienes podrán gozar de los mismos efectos de un PUC en territorio nacional. A su vez, se pronuncia con fuerza respecto al cuidado personal de hijos e hijas cuando los padres se encuentren inhabilitados para ello, entregando la posibilidad a convivientes civiles y cónyuges a optar a la tuición de los/as menores, sin órdenes de prelación basados en vínculos biológicos. La idoneidad de cada adulto/a interesado/a será calificada por los jueces de Familia, asegurando la continuidad de la crianza del/la niño/a en las mejores condiciones posibles.
El Pacto de Unión Civil es un gran triunfo para la sociedad chilena en su conjunto y, especialmente, para la comunidad de la diversidad sexual, históricamente postergada. Sin embargo, no es ni por lejos la meta final. A pesar de las intensas gestiones de la sociedad civil, la futura ley deja varios temas pendientes, algunos a los que el gobierno se ha comprometido dar una pronta solución y otros que serán objeto de discusiones futuras.
En primer lugar, el Ejecutivo debe dar solución a quienes quedaron fuera del campo de acción del PUC. Las parejas de las miles de personas adscritas los sistemas de previsión y salud de las Fuerzas Amadas no contarán con los beneficios derivados, por lo que esperamos que la Comisión Bravo que revisa las modificaciones al sistema previsional incorpore esta deuda y se pronuncie oportuna y positivamente.
Quienes quieran formalizar su relación con una persona extranjera por medio de un PUC también se enfrentarán a problemas, pues las discusiones dejaron fuera de la redacción final la concesión de las visas permanentes. Esto significa que, a pesar de suscribir una unión civil con un/a chileno/a, los/as extranjeros/as no tendrán derecho automático a la residencia permanente; tampoco podrán hacerlo las parejas del mismo sexo que quieran inscribir su matrimonio en Chile para los efectos de esta legislación. Esperamos ver cumplido el compromiso del Ejecutivo, que aseguró incluir y revisar este tema en el nuevo proyecto de migraciones que el Ministerio del Interior ingresará durante el primer semestre de este año.
En segundo lugar, y pese a su relevancia histórica, el PUC no puede ni debe considerarse como una solución alternativa al matrimonio igualitario. Es menester expresarlo con claridad: la aprobación de la ley de Pacto de Unión Civil no echa por tierra la lucha por una legislación de matrimonio para todos y todas los/as chilenos/as, la cual es una larga aspiración de nuestra comunidad y a la que le imprimiremos fuerza durante 2015. PUC y matrimonio igualitario son dos iniciativas diferentes y ambas tienen su propio mérito.
Nuestros esfuerzos por conseguirlo están fundados en el hecho de que las instituciones del Estado no pueden estar vetadas para una persona por su orientación sexual. La actual definición de matrimonio es atentatoria al principio de igualdad, pues excluye de su protección jurídica a las personas de orientación no heterosexual, contradiciendo lo señalado en materia de no discriminación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales en la materia.
Este cambio es complejo y no se reduce a un simple tránsito entre la frase “entre un hombre y una mujer” hacia “entre dos personas”. Nuestra mirada de matrimonio igualitario supone efectos en la institucionalidad familiar y las demandas pendientes en torno a la filiación y, como tal, requiere en una reforma profunda que incluya la perspectiva de la inclusión en el Derecho de Familia.
Si nuestra apuesta es mantener el interés superior del niño, niña y adolescente, no nos conformaremos con una eventual ley de matrimonio igualitario sin filiación. Seguiremos buscando las formas de incluir los asuntos relativos a la copaternidad y comaternidad en todas las instancias posibles, reformulando la lógica heteronormativa de los artículos del Código Civil y la legislación referidas a la materia, como también en las normas relacionadas a cuidado personal y patria potestad. Todo aquello para subsanar el grave vacío legal que existe hoy en Chile con los/as niños/as que tienen dos padres o dos padres pero un vínculo legal con solo uno/a de ellos/as.
El Pacto de Unión Civil ha reconfigurado el escenario de las demandas de la diversidad sexual de Chile, posicionándonos en un estado de mayor reconocimiento y protección. Sin embargo, la meta por construir un país y una sociedad que incluya plenamente a la diversidad, en un marco de respeto y valoración, está lejos de alcanzarse. Y a esa dirección, navegaremos con firmeza.