No se va a preguntar por orientación sexual, identidad de género ni discapacidad en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que tiene por objetivo conocer la situación socioeconómica de la población y permite elaborar políticas públicas a partir de sus resultados.
La población LGBTIQ+ no contará con ningún tipo de data sobre vulnerabilidad socioeconómica al menos hasta el 2022, puesto que el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de llevar a cabo la Encuesta Casen, decidió omitir preguntas que refieran a orientación sexual o identidad de género en la misma.
Al respecto, Alessia Injoque, Presidenta Ejecutiva de Fundación Iguales, declaró que “mientras atravesamos una pandemia y crisis económica, en uno de los momentos en que es más necesario poder focalizar la ayuda, el Estado está eligiendo no conocer la caracterización socioeconómica de la población LGBTIQ+”.
En la misma línea, Injoque preguntó: “¿Cómo se diseñan políticas públicas sin información? Vivimos en un estado que no quiere vernos ni a las dificultades que atravesamos.»
Otro grupo excluido de la Encuesta fueron las personas con discapacidad. Al respecto, María José Escudero, Directora Ejecutiva de Fundación Ronda, expresó “es muy doloroso, esta Encuesta podría haber dado luces sobre el impacto de las políticas públicas y programas a favor de la inclusión socio laboral de personas con discapacidad, como la Ley de Inclusión Escolar o la Ley de Inclusión Laboral, además de identificar los avances o posibles retrocesos en temas de pobreza multidimensional o por ingresos, a raíz del contexto estallido social y pandemia. Lamentablemente esto no es algo nuevo, lo vivimos también para el Censo del 2017, la encuesta más grande del país y donde tampoco fueron consideradas las personas con discapacidad.”