En un informe a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el ministro Jorge Dahm se pronunciaron sobre la importancia del acceso igualitario al matrimonio, advirtiendo que el Estado está en deuda con las parejas del mismo sexo.
Con este pronunciamiento y con fallos como el que le entregó el cuidado personal de su hija no biológica a Valeska Silva luego de la muerte de su pareja -madre biológica de la niña-, el Poder Judicial se está haciendo cargo de una realidad: que existen familias diversas.
En contraste, es lamentable que el Ejecutivo muestre una postura tan blanda. Luego de dejar fuera a los hijos de la Unión Civil, no se entiende que las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica el sistema de adopción hayan dejado fuera a los convivientes civiles. ¿Qué sentido tiene crear un estado civil para luego dejarlo fuera en otra reforma al derecho de familia? ¿Qué lógica tiene que las personas solteras, divorciadas, viudas y casadas puedan adoptar pero los convivientes civiles no? Sorprende también el anuncio del ministro Díaz de que enviarán un proyecto de ley de matrimonio igualitario a fines de 2017, con lo que quedaría para el próximo gobierno, incumpliendo la promesa electoral hecha en 2013.
El matrimonio igualitario consagra la igualdad de derechos garantizada en nuestra Constitución y el derecho a casarse protegido en la Declaración Universal de DD.HH. Un gobierno que aspira a combatir las desigualdades debe terminar con esta discriminación arbitraria.
Luis Larraín
Presidente ejecutivo
Fundación Iguales