Fallo Atala

Ante la decisión del máximo tribunal del país, la jueza Atala decidió enviar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se declaró admisible la petición el año 2010, sometiendo el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por “el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., V. y R”, como dice el Informe de la CIDH.

El 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno en el caso “Atala Riffo y niñas Vs. Chile”. En el fallo, se destacó especialmente el reconocimiento de la orientación sexual y de la identidad de género como categorías protegidas por la Convención, declarando que para comprobar la existencia de una diferencia de trato en una decisión particular no es necesario basarla “fundamental y únicamente” en la orientación sexual de la persona, sino que basta que en cierto grado se haya tenido en cuenta, ya sea de manera implícita o explícita. Además, indicó que, al tratarse de un acto de discriminación por orientación sexual, era necesario un test de análisis. Esto significa que la restricción de un derecho basado en una categoría sospechosa o prohibida de discriminación exige una fundamentación rigurosa y de tal peso que pueda invertir la carga de la prueba y otorgar a la autoridad la responsabilidad de demostrar que la decisión carecía de un propósito o un resultado discriminatorio.