Es importante comenzar mencionando que en Chile, el Estado reconoce en los temas de pobreza y pobreza extrema, uno de los grandes pendientes a resolver para conseguir el tan anhelado desarrollo. El Estado evalúa permanentemente los avances y retrocesos en esta materia a través de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), la cual recolecta datos acerca de características sociales y económicas de una muestra representativa. La población objetivo de la encuesta la constituyen todas las personas que residen en viviendas particulares a lo largo del territorio del país, y según los últimos resultados, en Chile existen 2.447.354 personas consideradas pobres, según los estándares del Banco Mundial, equivalentes al 14,4% de la población. De este porcentaje, 472.732 personas se encuentran en una condición de pobreza extrema, caracterizadas según la edad, sexo, etnia, años de escolaridad, región, etc., sin incluir, por ignorancia y falta de voluntad política, la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
Desde esta perspectiva de identificación, en Chile casi no existen estudios científicos sobre la comunidad LGBTI, la escasa información se aloja en encuestas y estudios de algunas Instituciones Académicas y en la experiencia y trabajo diario de organizaciones sociales sin fines de lucro. No existe en el Estado una unidad a cargo de identificar, analizar y tomar medidas para combatir los niveles de discriminación, violencia, exclusión social y desigualdad en que vive nuestra comunidad. La reciente Ley Antidiscriminación promulgada en mayo del 2012, si bien es considerada como un primer paso legislativo, deja en evidencia la urgencia de conocer y abordar esta realidad. Esto, debido a que desde una lógica de emergencias y necesidades sociales, la actual Ley Antidiscriminación se detiene solo en su poder punitivo judicial, pero no se hace cargo de impulsar medidas de prevención, protección y reparación a favor de quienes son discriminados arbitrariamente por su orientación sexual o identidad de género. En este contexto, solo nos queda identificar y contrastar las problemáticas de nuestra comunidad desde los estudios, programas e informes comparados desarrollados por otros organismos internacionales; ONGs LGBTI, Instituciones Públicas de otros Estados y Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos.
Al igual que en varios países de Latinoamérica, la desigual distribución de los recursos, genera entre otras cosas una fuerte exclusión social. Produciendo en miles de chilenos y chilenas dañinas rupturas en redes de apoyo y la no participación de espacios de intercambio material y simbólico con el resto de la sociedad, violándose sistemáticamente los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales. Aquí, es importante mencionar que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado Convenciones, Resoluciones y otros instrumentos de protección de los Derechos Humanos. En el caso de nuestra comunidad, esta situación se complejiza y acrecienta a un más al no poder siquiera identificar las diversas problemáticas y diferencias entre mujeres y hombres Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersex.
Si bien reconocemos que es deber del Estado garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todos y todas, creando nuevas acciones de desarrollo social y articulándolas con las ya existentes, son las distintas ONGs LGBTI quienes tenemos el deber de suplir momentáneamente esta responsabilidad. Y esto, porque la pobreza no puede esperar, requiere inmediatez en la contención de las malas condiciones que produce, sobre todos en quienes viven en contextos de extrema vulnerabilidad social; hombres y mujeres LGBTI privados de libertad, en situación de inmigrantes, en zonas geográficas aisladas, en situación de calle, en campamentos, etc.
Las personas Intersex, Trans, Bisexuales, Lesbianas y Gays sí existen en Chile. Hoy, cuando los activistas y organizaciones sociales tenemos cada vez más herramientas de trabajo, voz y representación en diferentes espacio, aliados en diversos frentes de desarrollo social y vemos como diversas sociedades y Estados se comprometen por avanzar en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humano, es cuando el reconocernos e identificarnos se hace una prioridad. Independiente de la falta de herramientas y voluntades políticas, nuestras voces deben transformarse en historias reales que narren las injustas situaciones de vida, abriendo principalmente espacios solidarios y de colaboración con quienes viven en situación de extrema vulnerabilidad y aún no se dan cuenta que hay muchos y muchas que desde la defensa de sociedades democráticas e inclusivas quieren levantar su voz.
Por: Fernando García, psicólogo y Andrés Soffia, arquitecto.