¿Fue ilegítima nuestra protesta (pacífica) afuera de la sala? La libertad de expresión es dual: derecho a decir lo que se piensa, y a repudiar lo que el otro dice cuando atropella tu dignidad.
por Pablo Simonetti, Presidente Fundación Iguales
Quisiera comentar las columnas de Daniel Mansuy y Jorge Navarrete, escritas a propósito del seminario organizado por Isfem y un centro de estudios de Derecho, que tuvo lugar en la casa central de la UC y cuyo panel principal trató de las terapias reparativas de la homosexualidad.
Concuerdo con Mansuy en que la ciencia no tiene la última palabra en estas materias. Tanto es así, que hasta hace 40 años la Asociación de Psicología Americana (APA) y hasta hace 22 años la Organización Mundial de la Salud (OPS) consideraban la homosexualidad como una enfermedad y aún hoy clasifican la transexualidad como un trastorno psicológico. Las organizaciones de la diversidad sexual nos oponemos a esta patologización, por “una noción sustantiva” que se alimenta de la experiencia de millones de personas LGBT a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia: la orientación sexual y la identidad de género son parte esencial de la identidad y por tanto no pueden usarse como pretexto para discriminar.
Es diferente cuando hablamos de terapias reparativas. No se trata de un consenso científico en torno a un punto todavía por determinar, como es el origen de la orientación sexual, sino de un resultado práctico que sí se conoce. Tras décadas de aplicación, las organizaciones de salud (OMS, APA, Colegio de Psicólogos de Chile) concluyeron que son peligrosas para la salud, debido al reporte masivo de casos de personas, en especial jóvenes, deprimidas o suicidadas a causa de ellas. No es una verdad científica, es una conclusión de la praxis. Y con una externalidad negativa particularmente grave: estas terapias y los argumentos que las sustentan se utilizan para continuar atropellando los DDHH de millones, pues alienta la idea de que la homosexualidad puede “sanarse”, subordinándola a la heterosexualidad. De hecho, uno de los fines del seminario fue darles a padres, orientadores y educadores un sustento para continuar discriminando por orientación sexual.
Por su parte, Navarrete dice que nada justificaría el uso de la fuerza para impedir la realización del seminario. Como ya lo hemos expresado, nuestra intención fue, primero, que el seminario se reformulara para que al menos contuviera el punto de vista de la OMS y, segundo, ante su inminente realización, acompañar una protesta pacífica de los propios estudiantes UC. Fue a tal punto pacífica, que hubo voluntarios de Fundación Iguales en la sala, registrando lo que se decía, sin jamás interrumpir el curso de las exposiciones.
¿Fue ilegítima nuestra protesta afuera de la sala? Creo que la libertad de expresión es dual: derecho a decir lo que se piensa y derecho para repudiar lo que el otro dice cuando atropella tu dignidad. Sobre todo cuando este atropello se reviste del prestigio de una universidad centenaria. Las ONG como Isfem pueden organizar cuantos seminarios quieran en su sede; pueden asistir, como de hecho lo hacen, a los debates parlamentarios para oponerse a la ley antidiscriminación, el AVP y el matrimonio igualitario. ¿Pero es justificable que la Universidad Católica dé acogida a un acto de esta índole, sin contar con el punto de vista de la comunidad profesional de la salud mental? ¿Sin siquiera consultar la opinión de su propia escuela de psicología o sus expertos en DDHH? Este aspecto, tanto de moralidad universitaria como de ética académica, es quizás el más oscuro de todo el episodio.