La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por 71 votos en 92, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que fue aprobado por el Senado la semana pasada. De esta forma Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en permitir este tipo de unión.

Se descuenta que en pocos días será promulgada como ley por el Ejecutivo.

El Debate
Durante el debate se escuchan posiciones muy disímiles sobre la composición de la familia y los efectos que la ley podrá traer a la sociedad. El diputado nacionalista Gerardo Amarilla manifestó su voto negativo al proyecto por entender que “desvirtúa el matrimonio y la familia” y “trastoca los derechos del niño, considerándolo un objeto”.

Por su parte, el diputado colorado Fernando Amado dijo que en este debate no se puede mezclar política con filosofía. “Estamos discutiendo de política, permeada de aspectos filosóficos”, reprochó y agregó: “La discusión viene entreverada”.

“El símbolo de la palabra matrimonio es lo que cuesta entregar (…) La base de la sociedad es la familia, pero no la familia prefabricada. Sino la que se basa en el amor y el amor no es homosexual ni heterosexual”, afirmó.  La diputada oficialista, Daisy Tourné se unió a sus argumentos y señaló: “No admito que el Estado me diga que el matrimonio es una unión entre personas de distinto sexo para procrear”.

Por su parte, el diputado oficialista Sebastián Sabini aseguró que va a votar «convencido y contento» el proyecto de ley.

«El día de mañana vamos a ser una sociedad más justa, más igualitaria y con más derechos para todos y todas», manifestó.

Recordó que el artículo 8 de la Constitución solamente distingue a las personas por sus talentos y sus virtudes. «Ni la sexualidad ni el género entran dentro de los talentos y las virtudes», dijo. Y agregó que, si el único fin del matrimonio fuera procrear, «tendríamos que prohibir el matrimonio para determinadas parejas».

«Un matrimonio es la unión de dos personas que se quieren. Nada más y nada menos», sentenció.

En tanto, el diputado nacionalista Pablo Iturralde manifestó su voto contrario a la propuesta por considerar que el proyecto modifica el marco jurídico que regula al matrimonio heterosexual. “Se debería haber creado un marco para regular el matrimonio homosexual, pero sin cambiar el que regula al heterosexual”, expresó.

En la misma línea opinó el también nacionalista Pablo Abdala. Aseguró que estaba «dispuesto a legislar» al respecto y que era necesario, pero que el proyecto tenía fallas.

«Todos hemos advertido que esta reforma del código civil viene plagada de errores», aseguró.

Por su parte Pedro Saravia, diputado de Alianza Nacional, aseguró que está de acuerdo «con el origen y los principios» que motivaron al proyecto, pero que por sus incorrecciones y desprolijidades termina siendo «un mamarracho». Dijo además que volvió del Senado peor de lo que fue.

«No puedo como abogado y legislador generar una herramienta jurídica equivocada para venir a corregirla con otra ley dentro de 60 días», aseguró. Y agregó: «El apuro no es un buen consejero cuando uno tiene que legislar».

Aseguró que las uniones entre heterosexuales y homosexuales «son desiguales» porque unos pueden procrear y otros no.

«Pero sí le voy a reconocer los mismos derechos. Existen nexos comunes: los sentimientos, la capacidad de querer a los hijos, de educarlos. Deben tener los mismos derechos. Con respecto a la capacidad de adoptar, estoy de acuerdo: Nadie le dio la seguridad de que una pareja heterosexual eduque mejor que una pareja homosexual», expresó.

Iván Posada, diputado por el Partido Independiente (PI) manifestó que lo que se vota es «el hecho de reconocer esos derechos que son esenciales a todos los seres humanos» y que él votará a favor.

Coincidió además con la visión de que la ley tiene incorrecciones y advirtió: «No es la primera vez que modificaciones del Senado traen soluciones jurídicas erróneas».

Por su parte, Álvaro Delgado aseguró que el Senado hizo «mamarrachos» al modificar la ley y que esto generá dificultades en su implementación, pero que de todos modos votará a favor.

«Entre la forma y el fondo, nos vamos a inclinar por el fondo», aseguró, al tiempo que confió en que en un plazo de 90 días se genere un proyecto de ley modificado que corrija los errores a los cuales hizo referencia.

El también nacionalista Jaime Trobo, que votará en contra, calificó de «equivocada e inconveniente» la ley que se discute.

«El Constituyente entiende que los padres son un hombre y una mujer», aseguró.

En cambio, la diputada socialista María Elena Laurnaga aseguró que no hay uniones naturales; por el contrario, hay «construcciones sociales y culturales que están refrendadas por la ley».

«Tiene que haber capacidad de riesgo para cambiar algunas formas. Porque las formas hacen a los contenidos. Ustedes saben muy bien», expresó.

Laurnaga fue interrumpida por la también oficialista Berta Sanseverino. La diputada expresó que el hecho de que la ley fuera votada por miembros de los cuatro partidos con representación parlamentaria genera «una legitimidad extraordinariamente fuerte y un clima de aceptación que deja muy marginalizados a los sectores ultraconservadores».

El llamado proyecto de matrimonio igualitario fue aprobado el 2 de abril en el Senado con votos de legisladores de los tres principales partidos.

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El proyecto.
El proyecto original surgió de un texto redactado por el Colectivo Ovejas Negras que promueve demandas de grupos homosexuales y retomado por diputados del Frente Amplio.

«Estamos viviendo un hecho histórico. Hoy Uruguay salda su deuda con muchos uruguayos que aún sufren discriminación», dijo Federico Graña, uno de los líderes del Colectivo Ovejas Negras, a The Associated Press. «Hoy a nivel estatal se le da dignidad al amor entre dos personas del mismo sexo», agregó.

De ser aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto debe ser promulgado como ley por el gobierno dentro de los 10 días pasada la votación.

«En función de los trámites necesarios, calculamos que las primeras parejas homosexuales se estarán casando 90 días después de promulgada la ley o sea, que debería ser a mediados de julio», dijo Graña.

Uruguay se convertirá así en el décimo segundo país del mundo y el segundo de América Latina después de Argentina en permitir el matrimonio homosexual en todo su territorio. Además del matrimonio entre personas del mismo sexo, el proyecto de ley incluye otros temas polémicos, como permitir que parejas homosexuales adopten niños.

La legislación uruguaya vigente permite que parejas del mismo sexo legalicen su unión -aunque no como matrimonio- y que aspiren a adoptar niños.

El texto que se votará el miércoles implica además cambios para todos los matrimonios -homosexuales o no- como por ejemplo poder decidir el orden de los apellidos de los padres al nombrar un hijo, biológico o adoptado, o iniciar el trámite de divorcio por decisión de cualquiera de los dos cónyuges; hasta ahora sólo la mujer tenía ese derecho merced a una norma de 1912.

La Iglesia
La iglesia Católica pidió a los legisladores actuar «a conciencia» y rechazar el proyecto y en un comunicado en el sitio de internet de la Conferencia Episcopal del Uruguay sostuvo que «llamar de manera igual a realidades desiguales, so pretexto de igualdad, no es justicia sino asimilaciones inconsistentes que sólo harán que se debilite todavía más el matrimonio. Constatar una diferencia real no es discriminar».

Agregó que «se legisla siguiendo modelos provenientes del extranjero» sin «profundizar las consecuencias que las alteraciones legales conllevan para el conjunto de la sociedad uruguaya en el tema de la familia», agrega.

Michelle Suárez, también integrante del Colectivo Ovejas Negras y participante de la redacción del texto original, explicó a la AP que la nueva ley también permitirá que parejas homosexuales extranjeras viajen a Uruguay a casarse, como de hecho ya ocurre con las parejas heterosexuales, «siempre y cuando cumplan los trámites migratorios ordinarios correspondientes».

«Este es un tema de libertad, de elección de la gente y de justicia», dijo el senador Rafael Michelini a la AP en ocasión de su aprobación en el Senado. «De libertad porque el Estado no debe meterse en con quién debe casarse uno y de justicia porque si uno se casa en el exterior con una persona de su mismo sexo, si luego vuelve a Uruguay se le reconoce su casamiento», agregó.

La justicia uruguaya reconoció por primera vez en junio un matrimonio entre personas del mismo sexo al aceptar la solicitud de un uruguayo y un español casados previamente en España que querían formalizar su situación en el país.

 

Fuente: El Observador