30 de julio de 2011

Por un contundente 9-0 los magistrados de la Corte dijeron que una pareja de homosexuales tiene que ser reconocida como familia y que se pueden ‘casar’. Pero a la hora de definir si se llamará ‘matrimonio’ o no, pasaron el balón al Congreso. ¿Qué

va a pasar?
La Corte Constitucional, a la hora de dar la bendición al matrimonio gay, decidió seguir la línea Barack Obama. Cuando el hoy presidente de Estados Unidos era candidato al Senado decía estar de acuerdo con legalizar el matrimonio para parejas del mismo sexo, pero tiempo después, cuando aspiraba a la Casa Blanca, matizó su apoyo y midiendo cada una de sus palabras empezó a decir que usar la palabra «matrimonio» es una decisión del ámbito religioso.
Algo parecido le pasó a la Corte Constitucional. En el fallo de la semana pasada dio unos pasos gigantes para reconocer derechos de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, se cuidó de no utilizar la temida palabra ‘matrimonio’. En resumen, lo que la Corte hizo fue pedirle al Congreso que haga una ley para que en Colombia las parejas del mismo sexo tengan derecho a firmar un contrato en el que el Estado las reconozca como pareja.
Pero dejó en manos del mismo Congreso la tarea de decidir qué nombre le pone a ese contrato: puede ser unión, pacto o matrimonio.
El comunicado de la Corte Constitucional fue lo suficientemente confuso como para que cada sector (el pro y el contra del matrimonio gay) lo interpretara según sus creencias. Por ejemplo, el diario conservador El Nuevo Siglo tituló, citando una frase de la Corte sacada de contexto: ‘El matrimonio es entre un hombre y una mujer’.
No obstante, el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, en declaraciones radiales explicó que el Congreso, si así lo decide, puede utilizar la palabra matrimonio para las parejas del mismo sexo: «Una de las formas de matrimonio es entre hombre y mujer. Y será el legislador el que decida si le llama matrimonio a la unión de parejas del mismo sexo», dijo Henao.
Todo el problema es por una palabra: matrimonio. Podría decirse que es más simbólico y semántico que práctico. La Corte con su fallo obliga al Congreso a que ponga en igualdad de condiciones a las parejas del mismo sexo con respecto a las heterosexuales. A cerrar cualquier brecha que discrimine a las parejas gays.
Pero el hecho de que sea tan solo una palabra no quiere decir que se trate de un asunto menor, por lo menos para las partes interesadas. Para la comunidad LGBT, es la última batalla que tienen que ganar (con la de la adopción) para sentirse plenamente reconocidos. Lo toman como un asunto de dignidad. Y para los sectores más apegados a la tradición y vinculados con la Iglesia es también un asunto de marca mayor.
Y esa puja semántica no se da solo en Colombia sino en todo el mundo. Hace apenas ocho meses, en el Reino Unido se dio una campaña porque si bien se permiten las ‘uniones civiles’ de parejas del mismo sexo, ahora los gays van por su última batalla: que los dejen casar en las iglesias.

Lo que dijo la Corte

La pelea por la palabrita dejó en un segundo plano dos puntos claves del fallo conocido la semana pasada. En primer lugar, la gran novedad es que la Corte Constitucional afirma que la familia puede estar constituida por una pareja de homosexuales. Eso tiene implicaciones importantes para futuras decisiones. Si son familia, en consecuencia, también constituyen unión marital de hecho, por ejemplo. El Alto Tribunal deja en claro en su comunicado, la importancia histórica de la decisión: «Al analizar la relación entre las parejas homosexuales y la familia, se puso de presente que la posición tradicional de la jurisprudencia solo había reconocido como familia a la heterosexual».
Y en segundo lugar, los magistrados en un fallo de 9-0, también dejaron claro que la Constitución no prohíbe que se regule el vínculo jurídico entre parejas del mismo sexo y que sea el mismo Congreso el que le dé el nombre. Es decir, el Congreso tiene que aprobar un tipo de unión entre parejas homosexuales de aquí a junio de 2013 -el plazo que fijó la Corte- cuyo régimen jurídico debe tener los mismos ítems que el de una pareja conformada por un hombre y una mujer. Llámese ‘unión civil’, ‘registro’, ‘matrimonio para homosexuales’, o simplemente ‘matrimonio’.
Sin embargo, según pudo establecer SEMANA, la sentencia expresamente va a decir que lo decidido no tendrá alcances en cuanto a la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten sus hijos.
Algunos sectores han criticado a la Corte Constitucional, pues dicen que se lavó las manos y le pasó la papa caliente del ‘matrimonio’ al Congreso. La Corte se defiende diciendo que, en una democracia, el Congreso, que representa al pueblo, es el que debe definir si le pone ese nombre o no. Pero lo cierto es que la gran diferencia ahora es que si antes el Congreso no expedía una ley para reglamentar las parejas del mismo sexo no pasaba nada. Ahora si el Congreso no hace su tarea, en menos de dos años, los gays tendrán derecho a casarse.

¿Qué pasará en 2013?

Una cosa es que la Corte «exhorte» al Congreso y otra cosa es que este obedezca. El Legislativo ha demostrado no ser capaz de ponerse de acuerdo a la hora de reconocer los derechos de los homosexuales. En los últimos diez años se han presentado siete proyectos de ley y solo uno, en 2005, avanzó. Sin embargo, cuando casi cantaban victoria los gays, pues les reconocían los derechos patrimoniales a sus parejas, la iniciativa naufragó de manera absurda en la etapa de conciliación.
Por eso, la anterior Corte Constitucional profirió siete fallos entre 2007 y 2009 y puso al país entre los más avanzados del mundo en la materia. La última sentencia, en 2009, homologó los derechos de las parejas del mismo sexo a los de las heterosexuales en 42 artículos de los códigos Civil, Penal y Disciplinario.
Los LGBT no tienen, pues, mucha fe en lo que pueda salir del Congreso. No obstante, después de que la Corte dio a conocer su decisión el martes pasado, en un abrir y cerrar de ojos aparecieron tres proyectos de ley que muestran claramente cómo se dividirá el Congreso con respecto al tema.
El primero en salir a la palestra fue el representante Miguel Gómez, de La U, miembro de la dinastía conservadora de los Gómez Hurtado. El congresista propone una ley que incorpora la figura de «contrato civil de unión permanente» para las parejas del mismo sexo y prohíbe la adopción. «Es un contrato que se puede disolver fácilmente, que no es lo mismo que un matrimonio», comentó. El segundo proyecto, más en el centro, es el del representante liberal Guillermo Rivera, que será radicado esta semana. Propone que el artículo 113 del Código Civil, que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ahora diga: «El matrimonio es un
contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente». Y el tercer proyecto, de la representante Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático, va más allá y propone, incluso, permitir la adopción para las parejas gays.
En el Congreso no creen que estos proyectos avancen. Y consideran que en el camino de aprobarlos se puede romper por vez primera la Unión Nacional que, con votos liberales y conservadores, le ha permitido sacar al gobierno todo tipo de proyectos de ley. Sin embargo, hay quienes consideran que si el presidente da su guiño aprueban la ley. «Esto es como la de Víctimas, si el presidente Santos no se hubiera metido, no habría salido», anota el representante Guillermo Rivera.

¿Qué pasará si se llega a la fecha ultimátum puesta por la Corte y el Congreso no tiene todavía la ley? «Ese día, el 20 de junio de 2013, llegará una pareja de hombres o de mujeres ante un notario y pedirán que los case – explicó un magistrado-. El notario, si acepta hacerlo, entenderá que firma un contrato entre esa pareja con el aval que le dio la Corte, y si se niega a hacerlo, alguien interpondrá una tutela o demandará, y el caso llegará entonces de nuevo a la Corte Constitucional, que se encargará de dar la directriz».
En la práctica, la importancia que tiene ese contrato -llámese matrimonio o no- es que las parejas gays se evitan una tramitología innecesaria. A muchos de ellos que quieren reclamar una pensión, salud o una herencia les toca presentar pruebas para demostrar que son pareja, y en algunos casos ni así lo consiguen. Con el contrato matrimonial, este sería suficiente. Así mismo, no tendrían que esperar dos años de convivencia, que es lo que exige la unión marital de hecho, para acceder a los derechos como ‘casados’. También implica un cambio de estado civil y de filiación. Hoy, ninguna de las cerca de 300.000 parejas del mismo sexo que se calcula hay
en Colombia, pueden considerarse que están casadas.

La batalla que viene

No hay duda de que el fallo de la Corte Constitucional es, como dijo el jurista Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador, «un paso importante». Tanto es así que sectores tradicionales radicales comenzaron sus campañas para atajar el avance. Menos de 24 horas después de la decisión de la Corte, una veintena de representantes a la Cámara radicaron un proyecto de ley de objeción de conciencia. La procuradora para la Infancia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, que promueve el proyecto y asistió al acto en el que lo presentaron, dijo que, si llega a ser ley, los notarios podrían invocar la objeción de conciencia para no unir parejas del mismo
sexo. Y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, acotó que los notarios «no descartarían acudir a esta medida». Si se aprueba o no y si de verdad puede bloquear el avance de las parejas gays ante el Estado está por verse.
Lo cierto es que ahora comienza un interesante pulso en el terreno de la opinión pública. La historia ha demostrado que en la mayoría de los países que el Estado aprueba el ‘matrimonio’ o la ‘unión’ gay, lo hace porque la población lo ha aceptado. Nueva York, por ejemplo, se convirtió hace apenas una semana en el estado número siete de ese país en aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hace dos años, la idea había fracasado en el Congreso estatal. La diferencia, para algunos analistas, está en que mientras en Estados Unidos hace unos años las encuestas decían que 32 por ciento apoyaban el matrimonio gay, este año el apoyo creció a 53 por ciento. En Argentina, que lo aprobó el año pasado, ocurrió igual: «La sociedad ya lo había aceptado», decían entonces.
La Corte ya dio el primer paso. A pesar de estar conformada por nueve magistrados de distintas tendencias, por lo menos cuatro radicales a favor del matrimonio gay y tres radicales en contra del mismo, decidieron ponerse de acuerdo. ¿Cuánto se va a demorar Colombia?

Fuente: Semana .com