El Senado está considerando al actual integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carlos Frontaura, para un nuevo periodo de seis años. Pese a que el único requisito para ocupar el cargo es tener trayectoria reconocida en derechos humanos, Frontaura sería reelecto por ser “cupo UDI”, pues existe un acuerdo entre los principales partidos para repartirse los cuatro cupos que el Congreso designa para el Consejo.
Hasta ahora, más de 60 organizaciones y de 500 personas consideramos que en un país sin binominal y con alta demanda por transparencia, el “cuoteo” ya no es aceptable. Las personas que detenten una función pública deben ser las más idóneas y no las determinadas a puerta cerrada por un partido.
Por otra parte, creemos que Frontaura, quien ha opinado que “las conductas homosexuales son pecado”, ha defendido la un seminario para “sanar la homosexualidad” y ha culpado a proyectos de ley de fenómenos meteorológicos, tiene una mirada de los derechos humanos sesgada por sus creencias, lo que nos hace cuestionar su idoneidad para promover y proteger los derechos humanos de grupos históricamente discriminados como las personas de la diversidad sexual. Más aún cuando nuestra Ley Antidiscriminación prohíbe explícitamente la discriminación por orientación sexual, entre otras categorías; y Chile ha sido condenado por violar el principio de igualdad y no discriminación al haber considerado la orientación sexual de Karen Atala para privarla de la tuición de sus hijas.
Esperamos que los senadores designen a los mejores promotores y protectores de los derechos humanos de todas las personas en el territorio chileno, sin excepciones. La sola militancia o cercanía a un partido no entrega ninguna garantía de ello.
Luis Larraín S.
Presidente ejecutivo
Fundación Iguales