La institución emitió un dictamen a propósito de la solicitud de pronunciamiento realizado por el diputado Arturo Squella (UDI) y del concejal de la municipalidad de Concepción Héctor Muñoz (IND), sobre la legalidad de los documentos del Ministerio de Educación y de su Superintendencia a través de los cuales se busca proteger e integrar a niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexual.
La Contraloría General de la República emitió un dictamen donde confirmó la legalidad de los documentos «Educación para la igualdad de género, Plan. 2015-2018» y «Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno” del Ministerio de Educación y el «Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación», de la Superintendencia de la cartera, ante los cuestionamientos de algunas autoridades.
El pronunciamiento fue solicitado por el diputado Arturo Sequella (UDI), el concejal de la municipalidad de Concepción, Héctor Muñoz (IND) y la organización CONFAMILIA, entre otras, argumentando que las autoridades correspondientes habrían “excedido sus competencias y funciones”, ya que dichos documentos establecerían conceptos de identidad y expresión de género que no estarían consagrados como tales ante la ley ni en tratados internacionales.
Así mismo, plantearon que se estarían afectando los derechos a la integridad psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia de niños y niñas, el derecho preferente de los padres a educar y a la libertad de enseñanza, entre otros.
Sin embargo, el órgano contralor explicó que “tanto el Ministerio de Educación como la Superintendencia actuaron dentro de sus atribuciones legales (art.5 Constitución, ley 18.956, ley 20529, DFL Nº2 de 2009, ley 20.609), y que estos documentos se encuentran inspirados en el interés superior del niño” y agregó que lo que pretenden los textos es evitar que al interior de las comunidades escolares los niños, niñas y adolescentes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) sean discriminados por su identidad de género y/o su orientación sexual incorporándose en “igualdad de derechos y deberes con el resto de los miembros de tales comunidades. En consecuencia, no se advierte reproche jurídico que formular a los documentos”.
Ante esto, la directora de educación de Fundación Iguales, Isabel Amor, celebró el pronunciamiento calificandolo como “otro hito más en el avance hacia una sociedad enfocada en el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes (NNA). Los documentos generados a través del ministerio —proceso de creación del que Iguales fue parte— debieran ser una referencia necesaria para que podamos, como adultos y adultas, ofrecer a los NNA espacios educativos seguros, donde se entienda la diversidad como un valor y podamos sacarle provecho a nuestras diferencias».
Lee aquí el dictamen de Contraloría