La promulgación de la ley de identidad de género es una buena noticia para los derechos humanos de nuestro país. A partir de hoy, Chile reconoce y protege la identidad de todas las personas, y con eso, se da un salto cualitativo en la protección de la dignidad de un grupo históricamente discriminado, como es la comunidad trans.
Sin embargo, nos quedan importantes deudas por delante. Si bien esta ley permitirá la adecuación de los documentos de identidad de las personas trans mediante un procedimiento expedito y uniforme, no terminará con las diferentes discriminaciones que se dan día a día en Chile. En ese sentido, es urgente que los ministerios y servicios públicos midan las brechas que las personas trans encuentran en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, como educación, salud, vivienda y trabajo; y así puedan desarrollar políticas públicas que disminuyan esas brechas.
Los derechos humanos deben trabajarse de manera integral por parte del Estado, y si bien esta ley es un paso sustancial en el reconocimiento de derechos, no es la solución definitiva para todas las situaciones de vulnerabilidad e injusticia. Finalmente, además de derechos, las personas LGBTI requerimos también sociedades respetuosas y seguras donde podamos desenvolvernos libremente; y esa es todavía una tarea pendiente.
Juan Enrique Pi
Presidente Ejecutivo
Fundación Iguales
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