La frase fue acuñada por Marcela Aranda cuando trajo un bus naranjo en julio del año pasado, con el objeto de oponerse al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI y de confundir a la opinión pública sobre el contenido de los proyectos de ley que se discutían –y discuten hasta hoy- en el Congreso. La frase siguió siendo utilizada por otros actores, como iglesias evangélicas y gremios de apoderados, teniendo como principal objetivo evitar que en los establecimientos educacionales se pudiera hablar responsablemente de diversidad, de derechos humanos y de educación sexual. Así fue resonando en diarios, radios, canales de televisión, hasta llegar a los comandos de candidatos presidenciales y tomarse la discusión política, a propósito de las reformas educacionales del gobierno anterior. Y finalmente, esta semana, en la misma línea se manifestó el Presidente Piñera, consultado por el alarmante alza en las tasas de transmisión de VIH y las políticas públicas que podrían adoptarse sobre esta materia. En ese sentido, el Presidente señaló que, en materia de educación sexual, se debe privilegiar el rol de los apoderados, y que los establecimientos educacionales pueden participar, pero nunca contra la voluntad de los padres, quienes son los que mejor saben enseñar a sus hijos.
Esta afirmación contiene una dicotomía falsa en materia de educación, que es probablemente la que ha llevado al Presidente a errar en su propuesta. La falsa dicotomía consiste en pensar que en el proceso educativo de un niño, niña o adolescente hay un único actor involucrado, y que ese rol se disputa entre el Estado y la familia. Resulta evidente que cuando hablamos de procesos de formación educativa, las instituciones que participan son varias, y que el rol que cumplen no es contradictorio ni opuesto, sino complementario. Es precisamente en esa lógica donde el Estado y sus autoridades no pueden fallar al momento de establecer contenidos mínimos en materias de educación sexual, especialmente considerando que la inclusión u omisión de esos contenidos tendrá luego una repercusión evidente, no solo en las estadísticas de salud pública del país, sino en la vida diaria de esos estudiantes hacia el futuro.
Esta afirmación no es antojadiza, ya que responde a una situación que debe preocupar a las autoridades nacionales en general, y al Ejecutivo en particular: un país que no ha tenido una educación sexual formal no puede descansar únicamente en los conocimientos de los padres al momento enseñar a las nuevas generaciones una sexualidad responsable, que esté dirigida al autocuidado de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones. Y es precisamente, por caer en esa falsa dicotomía sobre educación, que el Presidente ha dibujado una línea que deja al Estado en una posición de inercia frente al rol que puede cumplir la educación en detener el aumento de las cifras de VIH y el de otras infecciones de transmisión sexual en el país. Ante los antecedentes que tenemos a la vista, y considerando la falta de políticas públicas claras en esta materia, el Estado no puede eludir su responsabilidad en cuidar y promover la salud de nuestros adolescentes de manera efectiva, utilizando todos los medios que tiene disponibles para ello.
Juan Enrique Pi
Presidente ejecutivo
Fundación Iguales
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