Durante esta semana, el Congreso Nacional de Chile ha avanzado en saldar una deuda con las personas trans: luego de cinco años de discusión parlamentaria, nuestro país está próximo a tener una ley de identidad de género en sintonía con las democracias avanzadas, permitiéndole a las personas trans –principalmente a las mayores de edad– adecuar sus documentos de registro acorde a la vivencia personal e íntima de su identidad, sin tener que someterse al escrutinio de un tercero.
Pese a la férrea oposición de grupos conservadores, los mismos que gastan recursos en campañas comunicacionales contra la identidad de género, desnudando su ignorancia sobre los conceptos de derechos humanos y de paso, dejando en evidencia su abierta transfobia, la sociedad ha abrazado y respetado el concepto de identidad de género. Con ello, y una vez promulgada la ley, todas las esferas de la sociedad deberán adecuarse a un nuevo trato: las personas trans, cada vez más visibles, comenzarán a llenar espacios sin temor a vivir en un clóset; sin la necesidad de aparentar ser cisgéneros (aquellas con concordancia entre su identidad y su sexo biológico), para evitar ser discriminados.
En esa lista de espacios o esferas que deberán adecuarse a esta nueva realidad están los espacios de trabajo, públicos y privados, que hasta hoy permanecen como una barrera inexpugnable para la comunidad trans, tanto por deficiencias estructurales –como la alta deserción del sistema escolar de los niños y niñas trans– hasta la discriminación que sufren los postulantes no cisgéneros en los procesos de selección.
Sobre este último punto, de acuerdo a Encuesta-T –el primer instrumento de este tipo orientado a personas trans–, el 53% de las personas transgénero reconoce esconder su identidad en los procesos de selección y un 12% despliega estrategias disuasivas para evitar ser consultados por su real identidad de género. Todo para no ser eliminados del proceso y no engrosar la alta tasa de desempleo en este grupo de la población.
Para quienes logran sortear la fase de reclutamiento, y tomando como base Chile No Sabe: primer estudio sobre diversidad sexual y trabajo dependiente, el 66% de los trabajadores trans aseguran que es muy difícil conseguir trabajo y el 90% de la misma población dice esconder su identidad a sus jefes para evitar ser desvinculados. Sacrifican ser auténticos en su espacio de trabajo para mantener su fuente de ingresos.
El panorama parece auspicioso cuando algunas compañías ya permiten la transición de género de sus colaboradores trans, adecuando credenciales, correos electrónicos y el uso de instalaciones sanitarias acorde a la identidad social del trabajador. Mas, son pequeños oasis para esta comunidad, altamente marginalizada. En el Chile de 2018, ¿cuál es la identidad de las empresas? Salvo algunas excepciones, parece una concebida desde el prejuicio y la exclusión, algo que podría revertirse con la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, la experiencia reciente señala que una normativa, si bien ayuda, no crea el cambio suficiente para eliminar del todo las barreras y discriminaciones a los grupos que se pretende beneficiar. Sin el cambio cultural, extendido a las empresas, la marginalización de la comunidad trans persistirá. El desafío para las compañías, ante una sociedad –trabajadores y consumidores– más diversos será adecuarse o morir. Identificarse con el nuevo Chile.
Emilio Maldonado
Director ejectutivo
Fundación Iguales
Puedes leer esta columna en Base Pública.