La Real Academia de la Lengua Española define la fobia como la aversión exagerada hacia alguien o algo, es decir, un rechazo o repugnancia hacia ciertas actitudes, situaciones, cosas, y también personas. Por eso, y aunque todavía muchas personas no quieran ver la violencia a la que la comunidad LGBTI está expuesta día a día, la homo, lesbo, bi y transfobia existen, y siguen cobrando vidas en nuestro país y en el mundo.

Este 2019 lo iniciamos con una fuerte ola de violencia contra la diversidad sexual y de género, al punto que en los primero cuatro meses del año registramos, al menos, once casos de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans por razón de su orientación sexual o identidad de género, mientras que otros dos todavía están en investigación respecto de su motivación.

Sobre esta grave situación, hay que llamar la atención a tres distintos grupos.

En primer lugar, al Ejecutivo. Desde el mes pasado comenzó a sesionar una mesa que, por iniciativa de Fundación Iguales, reúne a organizaciones de la sociedad civil con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Secretaría General de Gobierno, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Instituto Nacional de la Juventud, y el Programa de Apoyo a Víctimas. Desde aquí, buscamos generar el trabajo intersectorial necesario para prevenir que estos ataques sigan ocurriendo, y perfeccionar los procedimientos de policías y funcionarios públicos cuando se enfrentan a las víctimas. Es fundamental que esta mesa sesione regularmente, y logre generar las articulaciones necesarias para evitar y responder adecuadamente a hechos de violencia.

En segundo lugar, al Congreso. La Ley Antidiscriminación va a cumplir siete años de vigencia, y si bien fue un paso fundamental para los grupos históricamente discriminados de Chile, ha demostrado que su carácter meramente reactivo es insuficiente cuando nos referimos a violencia. En ese sentido, el llamado al Congreso es a tramitar la reforma que está comprometida desde el gobierno con responsabilidad y rapidez, generando la mejor norma posible para los desafíos que enfrenta una sociedad cada día más dinámica. Para el gobierno, una vez más, su responsabilidad consistirá en incluir en la reforma una institucionalidad (iniciativa exclusiva del Presidente de la República) encargada de educar a la ciudadanía en el valor de la diversidad y los derechos humanos.

Finalmente, a las personas que somos parte de la comunidad LGBTI. Durante los últimos ocho años, hemos avanzado consistentemente en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y de género; sin embargo, los cambios culturales tardan más que la aprobación de las leyes. Estamos también trabajando en eso, y nuestros esfuerzos no cesarán hasta consolidar un país justo y respetuoso para todos quienes vivimos en él. Mientras eso ocurre, manténganse alerta, cuídense entre ustedes, y siempre denuncien si alguien los discrimina o los agrede. No dejen en la impunidad ninguna injusticia, simplemente porque no se lo merecen. Solo así construiremos entre todos un país donde podamos ser y amar libres y sin miedo.

 

Juan Enrique Pi

Presidente Ejecutivo de Fundación Iguales.

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