Finalmente, conocemos los diez nombres que analizarán el proyecto de identidad de género en su última etapa legislativa antes de convertirse en ley. La comisión mixta estará compuesta por los diputados Jaime Bellolio (UDI), Diego Paulsen (RN), Matías Walker (DC), Raúl Saldívar (PS) y la diputada Natalia Castillo (RD); y por el Senado la compondrán Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (ind.) y Juan Ignacio Latorre (RD).

Esta comisión, que tiene como finalidad solucionar las divergencias surgidas entre ambas Cámaras del Congreso durante la tramitación del proyecto de ley, deberá emitir un informe con una propuesta para que sea aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no cualquier proyecto de ley deberá salir de esa comisión mixta. Este proyecto lleva casi cinco años de tramitación parlamentaria, durante los cuales las personas trans han esperado una legislación que permita la adecuación de sus documentos de identidad de manera digna y expedita. En ese sentido, lo primero que debe resguardar la comisión es que el proyecto mantenga el trámite administrativo, ante el Registro Civil, para mayores de 18 años. La identidad de género es una vivencia interna, y por tanto, debe bastar la sola decisión de la persona para poder acceder al cambio de nombre y sexo registral, sin que ningún funcionario público pueda negar la adecuación de los registros a quien cumpla los requisitos legales. Esto, debe incluir también la prohibición de terceros a oponerse al cambio de nombre y sexo, sin importar la relación de parentesco que medie con la persona que solicita la rectificación.

El proyecto de ley tampoco debe patologizar las identidades trans. De esa manera, no deberá exigir ningún examen psicológico, psiquiátrico o de ninguna índole para poder acceder al cambio de nombre y sexo registral, en cuanto la identidad de género no es una patología, sino un ámbito más que configura la individualidad de las personas. Este es un aspecto fundamental para asegurar el respeto a la dignidad de las personas trans de nuestro país, especialmente, considerando que en nuestro ordenamiento jurídico no existen actos voluntarios que requieran exámenes de estas características para ser ejecutados.

Por último, deberá incluir a niños, niñas y adolescentes. Probablemente, este es uno de los puntos que genera mayor debate. Sin embargo, el Estado chileno ha reconocido la identidad de género de los menores de 18 años en distintos cuerpos normativos, como circulares del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Educación, ordenanzas municipales y la ley antidiscriminación; y el Poder Judicial, en concreto la Corte Suprema, ha reconocido y protegido la identidad de género de niños y niñas en sus fallos. En esa línea, el gobierno de Sebastián Piñera no debe abandonar a la infancia trans: el desafío está en encontrar un mecanismo que proteja el interés superior de los niños y niñas, independiente de su identidad de género, asegurando su derecho a ser oídos y a su dignidad; sin imponerles una prohibición a toda costa.

Nuestro país está a un paso de contar con una ley que reconozca el derecho de la comunidad trans a su propia identidad, de modo que puedan ejercer sus derechos fundamentales sin cuestionamientos ni discriminaciones por parte de la sociedad a la que pertenecen. El Estado chileno tiene una deuda con ella, y no puede fallar en el momento preciso que puede saldarla. En ese sentido, la responsabilidad del gobierno y de la comisión mixta es ineludible: deben lograr un acuerdo en torno a un proyecto que signifique una solución efectiva y definitiva para el cambio de nombre y sexo registral de las personas trans, sin imponer posiciones que sigan aplazando el reconocimiento absoluto de la dignidad que merecen.

Juan Enrique Pi.

Presidente Ejecutivo de Fundación Iguales.

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