La jueza Karen Atala denuncia el cumplimiento a medias de la sentencia de la Corte Interamericana que hace cinco años dijo que el Estado de Chile violó sus derechos humanos al quitarle la custodia de sus hijas por ser lesbiana.

“En cierta medida mi caso sirvió para dar visibilidad a un fenómeno invisible. Serví para darle rostro y cuerpo a las lesbianas, sobre todo a las lesbianas madres”. Con esas palabras resume la jueza chilena Karen Atala el avance experimentado por el país tras una serie de procesos judiciales que la tuvieron como protagonista de 2003 a 2012. Fue el 24 de febrero de este último año cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno por “violación del derecho a la igualdad y la no discriminación”. Atala había presentado una denuncia después de que la Corte Suprema de Chile le negara la custodia de sus hijas por su orientación sexual, tras una demanda de su exmarido y padre de las tres niñas, nueve años atrás. La CIDH argumentó que la justicia chilena había operado basada en un patrón cultural.

Cuenta Atala que el texto incluía “una frase muy linda en que decía que estos prejuicios se perpetúan por parte del Estado, a través de sus agentes, la constante vulneración de estos derechos [igualdad y no discriminación]”. Por este motivo la sentencia de la Corte Interamericana no sólo establecía la obligación de Chile de entregar compensaciones simbólicas y apoyo a las víctimas, sino que pedía establecer mecanismos de no repetición de conductas discriminatorias. A cinco años del fallo, la jueza dice que lo último no está cumplido cabalmente.

En concreto, se exigía que el Estado hiciera capacitaciones y campañas de sensibilización sobre diversidad sexual, género y derechos humanos. Para Atala, el Estado se limita a dar como cumplida dicha obligación, aunque solo aborda el problema con una perspectiva general contra la discriminación que incluye varios grupos discriminados (discapacitados, migrantes, entre otros) sin considerar la especificidad de la sentencia de su caso.

“Puedo decir como víctima del caso y activista de derechos LGBT que falta tomarse en serio el compromiso internacional con los derechos humanos y ampliar la mirada. El Estado de Chile se quedó con que los derechos humanos son el derecho a la vida y a la libertad —los derechos de la dictadura, digamos— pero se olvida el derecho a la igualdad. Si no estamos en un Estado de excepción y estamos en un Estado democrático, se tienen que potenciar los derechos de la igualdad”, enfatiza Atala.

Sólo meses después de que el Estado fuera condenado, en Chile se promulgó la ley antidiscriminación, un proyecto que se tramitaba hace años y que entre otros elementos planteaba la obligación legal de los órganos del Gobierno para implementar políticas que garantizaran un Estado sin discriminación. “Si la condena no hubiera salido, quizá la ley se hubiera demorado un año o mucho más”, afirma la jueza.

Atala, también directora de la Fundación Iguales, ha sido testigo de las más recientes luchas de la comunidad LGTB en Chile, como la que mantienen junto a otros grupos que promueven la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena: un proyecto que legisla sobre la identidad de género. A fines de enero el Senado quitó a los menores de edad la posibilidad de cambiar su identidad de género aun cuando cuenten con autorización de los padres y, en el caso de los menores de 14 años, con un informe médico que lo apruebe. Atala ve esta supresión como un retroceso, porque a su juicio un niño de cuatro o cinco años ya tiene clara su identidad. “Aquí los principales llamados a proteger la infancia son los legisladores. Si ese niño tiene una expresión de género, hay que permitirle que el tránsito y la ayuda se haga lo más temprano posible”, explica.

Matrimonio igualitario
Otra de las preocupaciones de la Fundación Iguales se refiere al compromiso que asumió la propia presidenta Michelle Bachelet para tener una “discusión abierta” sobre matrimonio igualitario. Aunque Chile cuenta con un acuerdo de unión civil en funcionamiento desde 2015, Atala opina que se debe ir más allá, porque las parejas de un mismo sexo “están imposibilitadas a tener un reconocimiento pleno a nivel jurídico, limitándose su unión con lo mínimo de los derechos”.

El acuerdo de unión, afirma Atala, es un buen mecanismo para las parejas que no quieren casarse. Sin embargo, en cuanto a parejas del mismo sexo faltan normas que apunten a proteger a los hijos. “En parejas heterosexuales, da lo mismo que los papás se casen o no, porque los hijos están protegidos ante la ley, pero en el caso de las parejas del mismo sexo que contraen unión civil, incluso así no hay protección, porque a los hijos se les reconoce un solo padre o una sola madre como vínculo filiativo. La unión civil para las parejas del mismo sexo es un contrato sin hijos”.

El régimen filiativo es sólo uno de los elementos que conformarán la discusión de una ley de matrimonio igualitario y Fundación Iguales ya elaboró un proyecto en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El texto fue presentado al Gobierno y Atala espera que sea acogido.

Fuente: El País, periodista Javier Sáez.