Señor Director
Este 28 de agosto se cumplieron dos años desde que por primera vez en Chile la máxima autoridad del Estado firmó un proyecto de ley que busca regular el matrimonio para parejas del mismo sexo. Desde esa fecha el proyecto ha tenido un escaso movimiento en el Congreso, aun cuando, de acuerdo a las últimas encuestas, la iniciativa cuenta con un 66% de aprobación por parte de la ciudadanía y un 65% por parte de los mismos congresistas.
Pese a que este proyecto de ley busca saldar una deuda internacional sobre los Derechos Humanos de las personas de la diversidad sexual, se encuentra fuera de la agenda del Gobierno y, más aún, es él mismo el que se opone a que sea regulado y reconocido. Invisibilizar las problemáticas de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual (LGBTI), es invisibilizar los actos de violencia de los que somos víctimas, las discriminaciones constantes y las limitaciones al ejercicio de nuestros derechos. Si el Estado no da soluciones a las problemáticas indicadas ¿está verdaderamente comprometido con los Derechos Humanos?
La posibilidad de contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, es un derecho que emana de la naturaleza humana y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Chile y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también lo han establecido casi 30 países donde ya está aprobado, y en donde las familias nunca fueron destruidas, sino que por el contrario fueron fortalecidas. Chile tiene una deuda con la diversidad sexual y es absurdo que en pleno siglo XXI existan y se permitan requisitos discriminatorios al momento de ejercer los derechos que nos corresponden por solo hecho de ser persona.
Jorge Lucero
Director Jurídico
Fundación Iguales
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