Señor director,
Hace exactamente cinco años, Fundación Iguales junto con OTD patrocinamos el proyecto de ley de identidad de género que actualmente se discute en el Congreso, una moción parlamentaria que fue elaborada por la profesora Ximena Gauché, y que tiene por objeto uniformar en un mecanismo expedito y digno la adecuación de los documentos de identidad de las personas trans.
Lo que nos movió en esa época era la evidencia de que una de las principales discriminaciones hacia las personas trans ocurría al momento de presentar esos documentos. A la fecha, nos encontramos con que esa realidad sigue vigente, y que la principal discriminación que sufren a diario es el cuestionamiento de su identidad. Esta es la principal razón que hace urgente aprobar cuanto antes este proyecto, que ha tenido una larga y entorpecida tramitación legislativa.
Sin embargo, sabemos que esta ley no será la solución definitiva para la discriminación que sufre esta comunidad. Por eso, en las reuniones que hemos sostenido con las nuevas autoridades de Gobierno, hemos solicitado que se midan las brechas que las personas trans encuentran en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Muchas de esas brechas, para ser disminuidas, requerirán de políticas públicas que deberán impulsarse desde el Ejecutivo, como se hizo antes con la circular Nº21 del Ministerio de Salud, y la circular Nº0768 de la Superintendencia de Educación. Con la aprobación de la ley de identidad de género estaremos dando un paso importante para resguardar la dignidad de las personas trans, pero no significará que en ella se agoten los esfuerzos del Estado para asegurar el ejercicio igualitario de sus derechos.
Juan Enrique Pi
Presidente ejecutivo
Fundación Iguales.
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