Señor director
En la edición del miércoles, se publica una carta de Daniela Constantino, asesora legislativa de Comunidad y Justicia, donde indica que el Comité de la Cedaw (Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) se ha inmiscuido en asuntos internos del país y que la firma del protocolo facultativo sería un error, una amenaza a la soberanía nacional. Al respecto, no queda claro si la asesora desconoce el mecanismo jurídico propio de un tratado internacional o está confundida respecto al significado de la palabra “inmiscuir”.
De manera absolutamente voluntaria, nuestro país ratificó la convención en 1989. Firmar el protocolo busca otorgarle competencias al Comité para recibir y considerar las comunicaciones provenientes de personas o grupos de personas que, siendo de un estado parte, hayan agotado absolutamente todos los recursos de la jurisdicción interna. Es decir, el protocolo privilegia la soberanía y mecanismos propios de los estados en vez de debilitarlos.
Debemos ser responsables con la construcción de país y de ciudadanía: un Estado comprometido con los derechos de las mujeres no es un Estado que pierde soberanía, sino uno que entiende sus obligaciones. Como en otras materias, Chile debe estar a la altura de los estándares internacionales, sobre todo en lo que respecta a la protección de derechos.
Es un error continuar avalando discursos fatalistas y falsos: no estamos siendo amenazados, estamos trabajando hacia la protección de las mujeres frente a toda forma de violencia.
Isabel Amor
Directora de Educación
Fundación Iguales
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