Publicada en La Tercera
Señor director:
Además de débiles, resultan perturbadores los argumentos esgrimidos por Jonathan Richardson en contra de un posible matrimonio homosexual. Débiles, porque, si aceptáramos su tesis de que el matrimonio civil tiene como único beneficio público el de engendrar y criar hijos, entonces debería quedar automáticamente excluida toda persona infértil, ya sea por condición o por edad. Obviamente esto no es así, precisamente porque el matrimonio tiene un propósito anterior, cual es materializar el vínculo afectivo sobre el cual se podrá fundar una familia, en cualquiera de sus múltiples definiciones, así como un sistema de relaciones sociales que aspira al bienestar colectivo. Los hijos son parte intrínseca de esta aspiración, naturalmente, pero no un fin exclusivo. Es más: sabemos que la naturaleza no requiere de institución alguna para procrear, tanto así que más de dos tercios de los niños de Chile nacen hoy fuera de cualquier vínculo formal. Por otra parte, ninguna ley chilena obliga a procrear, de manera que quienes no lo hagan y aun así aspiren a formalizar su relación afectiva, ¿cómo podrían amenazar el interés de la comunidad?
A un Estado laico sí le interesa promover y defender las relaciones basadas en el amor, muy particularmente las de aquellos ciudadanos que buscan constituirse en familia para integrarse efectivamente y en igualdad de condiciones a la sociedad en que viven. En democracia, la igualdad es un imperativo moral y el mayor beneficio público posible.
Quien pretenda desconocer este propósito superior para imponer un simple dogma, incurre en un acto de discriminación odiosa y sin fundamento.
Sebastián Gray