Más de 2.000 civiles heridos en manifestaciones —cerca de un 10% de ellos con heridas en uno o ambos ojos—, casi un centenar de denuncias por abuso sexual y casi 6.000 detenidos son parte de las denuncias que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde que comenzó el estallido social.
Durante esta semana, cuando se han cumplido 26 días desde que comenzó el estallido social en Chile —el 18 de octubre pasado— las denuncias por violaciones a los DDHH han ido en escalada, llegando incluso a ser oídas en la asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el lunes recién pasado.
Mientras organizaciones de la sociedad civil, el INDH, la Defensoría de la Niñez y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaban cifras contundentes —con nombre y apellido— de personas que han sido violentadas y las cuales han visto vulnerados sus derechos fundamentales, el Gobierno de Chile centró su presentación en los daños materiales que ha sufrido el país.
Casi en paralelo se supo del caso de Gustavo Gatica, un estudiante de sicología que perdió ambos ojos a causa del uso de balines por parte de la policía y de Vicente Muñoz, de teatro que habría perdido uno por la misma razón. Con estos antecedentes en la mano, el Gobierno niega la vulneración a los DDHH y basa su exposición en las pérdidas materiales.
Cómo una organización de la sociedad civil que trabaja en DDHH vemos con preocupación la terquedad del Gobierno y la falta de conexión con las demandas país y con el movimiento social que exige el término a la precarización de la vida y a mayor dignidad.
Otra de las sentidas demandas de la ciudadanía tiene que ver con la realización de una nueva constitución, pero no vemos —nuevamente— al Gobierno conectado realmente con el fondo de la demanda, dando palos de ciego para tratar de disminuir, sin resultados, la presión social.
Además, vemos con horror el aumento de las denuncias por abuso sexual cometidos por parte de policías, tanto hacia mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual.
Como Fundación Iguales exigimos al Gobierno estar a la altura de las demandas y de la realidad país, a poner término al uso de armamento no letal —balines y perdigones— y a condenar, perseguir y sancionar la vulneración a los DDHH.