SEÑOR DIRECTOR
Esta semana se cumplen seis meses del brutal ataque a Carolina Torres, una joven lesbiana agredida en la comuna de Pudahuel. Desde entonces, tanto el proceso judicial como su recuperación han avanzado lentamente. De la misma manera en que lo ha hecho la promesa del gobierno respecto a generar una reforma integral a la Ley Antidiscriminación, y que recién a fin de mes podría empezar su consulta ciudadana.
Este compromiso no solo se encuentra en el programa del Presidente Piñera, sino que, tras el ataque a Carolina, las autoridades rechazaron la violencia e inmediatamente tomaron una postura firme: la discriminación no sería validada por la administración actual y se haría valer la promesa de campaña para tener a mediados de año avances concretos en la mejora a la Ley 20.609. Sin embargo, entrando ya a la segunda quincena de agosto, no hemos visto tales avances.
Debemos insistir que -a pesar de haber constituido un avance en su momento- la Ley como la conocemos hoy tiene falencias que deben ser enmendadas a la brevedad. Éstas tienen relación con distintos ámbitos, pero destacamos las mejoras en relación con medidas de reparación y no repetición. Es inaceptable que hoy un tribunal pueda multar a quien demanda si no encuentra motivos plausibles de discriminación. Asimismo, es ridículo que en los casos que se comprueba discriminación arbitraria y se aplica una multa, estos dineros no lleguen a la víctima, sino que a las arcas fiscales.
Necesitamos reforzar las medidas de no repetición, y por eso pedimos al gobierno especial atención en educación y en generar una institucionalidad que se ocupe de avanzar hacia el lado correcto, reconociendo que somos un país cada vez más diverso, pero también con una tendencia peligrosísima a la polarización y violencia.
Isabel Amor
Directora de Educación Fundación Iguales
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