Señor director,
Ante el anuncio del proyecto del nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, el gobierno teme que el debate gire en torno a diferencias “ideológicas”.
Para las organizaciones que defendemos a las familias diversas, el temor es el mismo: ¿será el gobierno capaz de incluir en su propuesta a todas las familias, en igualdad de condiciones, como acreedoras de los programas del Estado y del nuevo ministerio? ¿Primarán los estándares de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Suprema por sobre las concepciones que existen en el oficialismo y que buscan priorizar estereotipos específicos y tradicionales de familia?
Durante el primer gobierno del Presidente Piñera, el Estado chileno fue condenado en el caso Atala Riffo por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar de una jueza y sus hijas, basado en su orientación sexual. Seis años después, al mismo gobierno le toca decidir si la composición de las familias será determinante para definir las oportunidades y apoyos que éstas pueden recibir del Estado. Todo indica que, para evitar repetir la historia, será el gobierno el que deberá dejar de lado posiciones ideológicas sobre las formas de ser y hacer familia.
Juan Enrique Pi
Presidente ejecutivo Fundación Iguales
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