¿Cuánto debe esperar una persona para que sea reconocida por ser quién es? En general, nada. Normalmente, la identidad de las personas es reconocida por la sociedad y el Estado desde un principio, sin cuestionamientos ni barreras para la autodeterminación. Pero, ¿ocurre esto siempre? ¿Tienen todas las personas que viven en Chile el respeto a su identidad? La respuesta es no: hay personas cuya identidad no es reconocida por el Estado, y, muchas veces, tampoco por su entorno. Esa es la realidad que viven las personas trans en nuestro país y es el origen de la mayoría de las situaciones de discriminación a las que se enfrentan diariamente.
Los problemas que puede acarrear el impedir que una persona pueda adecuar sus documentos de identidad a su identidad de género son, muchas veces, difíciles de comprender para una persona cisgénero —que no tiene una discordancia entre si sexo registral y su identidad de género—, ya que la mayoría de los trámites en los que presenta una identificación pasan desapercibidos. Sin embargo, para las personas trans les significa poner un obstáculo innecesario en sus vidas. Así lo representó la Encuesta T, la primera en retratar la discriminación de las personas trans en Chile y que realizó OTD el año pasado: el tipo de discriminación más recurrente sufrido por las personas trans en el ejercicio de sus derechos es el cuestionamiento de su identidad. No es difícil imaginarlo si pensamos en asistir a un centro de salud, cruzar un paso fronterizo o sortear un control de tránsito con documentos que no representan la forma en que nos desenvolvemos en nuestra vida.
Esa es la importancia fundamental del proyecto de ley de identidad de género, que esta semana, y después de casi cinco años de tramitación, dio un nuevo paso hacia su despacho final. La misma semana que se confirmó que “Una mujer fantástica” estaría representando a nuestro país en los premios Oscar, y que el Presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer el gabinete que lo acompañará durante su gobierno.
De ese gabinete, dos ministros serán claves para aprobación de este proyecto, si no logra salir del Congreso antes del 11 de marzo: Cecilia Pérez desde la Secretaría General de Gobierno —cartera a cargo de la tramitación de la iniciativa— y Gonzalo Blumel desde la Secretaría General de la Presidencia. El proyecto lo recibirán, probablemente, en comisión mixta, a un solo paso de poder convertirse en ley. ¿Permitirá el nuevo gobierno, en concordancia con la reciente posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta necesaria iniciativa se convierta en ley y de esta forma mejore la vida de cientos de personas que viven en Chile y que se enfrentan a la discriminación todos días?
La postura del Presidente electo, antes de su triunfo en diciembre, era que sobre estos temas no habría órdenes de partido. Sin embargo, la pregunta que se hace ahora la comunidad trans, sus familias y aliados, es si permitirá que este proyecto termine su tramitación legislativa en el espacio democrático y pluralista que es el Congreso Nacional o si se opondrá, en sus últimas etapas, a que pueda ser despachado; aun cuando contará con mayoría en ambas Cámaras para su aprobación. La respuesta es urgente para una de las comunidades más discriminadas del país y no es indiferente para aquellos que queremos una sociedad que respete los Derechos Humanos de todos sus habitantes. Finalmente, sería insólito que la promesa de los “Tiempos mejores” también discriminara según la identidad de género de nuestros compatriotas.
Juan Enrique Pi,
Presidente ejecutivo de Fundación Iguales.
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