El proyecto de ley de Identidad de género iba a ser votado el 2 de noviembre en la Sala del Senado, sin embargo, se decidió que éste volviera una vez más a la Comisión de Derechos Humanos, abriendo un decimotercer período de indicaciones, con el compromiso de que se votara el 13 de diciembre. Dicha situación ya era insólita y una burla para las personas trans que llevan años esperando.
Lamentablemente, cuando no hay voluntad política para avanzar, el escenario siempre puede empeorar. El proyecto no solo no se votó el 13 de diciembre, sino que ayer, el Ejecutivo y parlamentarios, a puertas cerradas, acordaron abrir un decimocuarto plazo de indicaciones hasta el 16 de enero de 2017.
Dicho plazo tiene por objeto que el Ejecutivo presente indicaciones para judicializar el trámite de todos los niños, niñas y adolescentes, y para que los mayores de edad que presenten una solicitud de cambio de nombre y sexo registral, deban exhibir un documento verificador de su identidad.
Lo anterior es un claro y absurdo retroceso, pues en el caso de niños, niñas y adolescentes ya se había hecho una distinción, permitiendo a estos últimos hacer su solicitud mediante un trámite administrativo en caso de contar con la autorización de ambos padres o representantes legales, lo que es acorde a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, tal como lo reconoce la Convención de los Derechos del Niño.
En el caso de los adultos es incomprensible pretender que estos presenten un documento verificador de la identidad, principalmente porque la identidad de género es una vivencia interna, profunda y personal, donde no tiene ninguna relevancia la opinión de terceros. Es urgente que se apruebe la ley de identidad de género, pero no a cualquier costo, sino que esta debe ser acorde a los derechos humanos.
Jimena Lizama.
Directora jurídica.
Fundación Iguales.