Miles de adolescentes trans y sus familias estuvieron esta semana a un voto de perder atención de salud en el sistema público. El Gobierno de José Antonio Kast propuso una glosa en la Ley de Presupuestos 2027 que prohibía financiar terapias hormonales para adolescentes trans. Las familias sin recursos para pagar atención privada habrían sido las más golpeadas.
El miércoles, el Senado rechazó la propuesta. Tras dos empates a 21 votos, la indicación fue rechazada en la tercera votación.
En Fundación Iguales conocimos la alerta rápidamente y trabajamos levantando información veraz y hablamos con senadores y senadoras de distintos partidos políticos. Nuestros argumentos se centraron que prohibir el financiamiento dejaba a cientos de familias que se atienden en el sistema público sin acceso. Quienes tienen recursos podían seguir atendiéndose en el sistema privado y el resto quedaba sin alternativas. Además, al prohibir las derivaciones, la glosa cerrara incluso la posibilidad de que la red pública orientara a las familias hacia centros especializados.
También señalamos que la decisión debe seguir siendo de la familia y el equipo tratante. La ley 20.584 ya exige el consentimiento expreso de padres, madres y representantes legales, y la circular del Minsal de febrero de 2026 lo reafirma. Esa circular fija como referencia no iniciar terapia hormonal antes de los 16 años y exige una evaluación integral caso a caso y acompañamiento psicosocial. Los resguardos, por tanto, ya existen.
Advertimos además el riesgo para quienes ya están en tratamiento. La glosa permitía que continuaran solo tras una revaluación clínica sin responsable, sin criterios ni plazos. Eso abría la puerta a que cada servicio de salud la aplicara a su manera, con interrupciones de tratamientos en curso y equipos clínicos sin una guía técnica para actuar.
Planteamos también que el Presupuesto no es la vía para definir esta política. En enero de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por 7 votos contra 3, una glosa similar, por regular mediante prohibiciones una política pública propia del Ministerio de Salud.
Nuestra directora ejecutiva, María José Cumplido, pidió a senadores y senadoras rechazar la glosa ya que era una intromisión indebida del Estado en la relación médico-paciente. «Es insólito legislar para que el Estado decida cuál es el tratamiento que debe tener o no tu hijo, hoy son los adolescentes trans, pero bajo ese criterio, el día de mañana podría pasarle al resto de las familias. Quienes toman las decisiones médicas son los equipos y las familias, no los políticos de turno».
En Iguales seguiremos monitoreando y alertando sobre futuros ataques a los derechos de la población LGBTQ+.
