El reciente fallo que condena a la Dirección Regional del Trabajo en Talca por actos de discriminación homofóbica contra un abogado, expone una realidad alarmante en nuestros espacios laborales: la persistencia de altos niveles de discriminación. Este caso plantea una interrogante preocupante sobre la capacidad de quienes están encargados de proteger los derechos de todos los trabajadores en Chile, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Este fallo revela una contradicción profunda y la urgente necesidad de transformar la cultura organizacional, no solo en el sector privado, sino también en instituciones públicas que tienen el mandato de garantizar y aplicar los derechos fundamentales. La sentencia que obliga a la Dirección del Trabajo a capacitar a sus funcionarios en derechos fundamentales es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente por sí solo.

Como trabajadores y defensores de la diversidad, exigimos que estas capacitaciones no se conviertan en simples trámites burocráticos, sino en un compromiso genuino para educar y sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes y proteger a cualquier persona LGBTI+ que denuncie actos de discriminación. Es esencial que, como dice el refrán, en la casa del herrero no se corte con cuchillo de palo. La protección de los derechos de todas las personas, sin excepción, debe ser una prioridad innegociable en todos los niveles del ámbito laboral chileno.

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