El 31 de octubre pasado Fundación Iguales presentó un recurso de protección que buscaba que el Estado reconociera el vínculo legal entre un hijo y sus madres lesbianas. Sin embargo, el requerimiento fue rechazado por la Justicia a fines de diciembre.

 

Como “erradas” calificó el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, las razones bajo las cuales la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección que buscaba que se reconociera el vínculo legal de Attilio, hijo de Emma de Ramón, integrante del directorio de Iguales y de su conviviente civil, Gigliola Di Giammarino. El Estado de Chile reconoce este tipo de uniones como una familia y si el niño hubiese nacido en las mismas condiciones -técnica de reproducción asistida de una familia con unión civil vigente-, pero de padres heterosexuales, sí se le reconocería su vínculo filiativo con ambos padres.

 

En el escrito se asegura que Di Giammarino se sometió a una técnica de reproducción asistida por si sola, lo que no se ajusta a la verdad y fue corroborado mediante documentos que acreditaban que ambas se sometieron como familia, pues están unidas civilmente desde diciembre de 2015 y, además, asegura que la unión civil es un estatuto solo de régimen de bienes, lo que tampoco es cierto, pues está establecido como un estatuto familiar por la ley, por lo que Fundación Iguales, en alianza con Libertades Públicas, apelará a la decisión en la Corte Suprema.

 

«Las apreciaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago son bastante erradas, especialmente respecto al carácter familiar de la unión civil. Aquí estamos en presencia de una familia que se sometió a una técnica de reproducción humana con la intención de tener un hijo en común, y la Corte de Apelaciones ha decidido omitir ese aspecto fundamental del caso», dijo Pi.

 

En tanto, De Ramón aseguró que «nosotras seguiremos luchando por los derechos de filiación de nuestro hijo, ya sea en instancias nacionales o internacionales. Nuestro hijo merece que su familia sea reconocida por el Estado y protegido por ella tal como ocurre con el resto de los niños chilenos».